La primera ley en Estados Unidos que busca eliminar gradualmente los alimentos ultraprocesados (UPF) de las escuelas públicas ya llegó al despacho del gobernador Gavin Newsom. El Proyecto de Ley 1264 de la Asamblea, impulsado por el asambleísta Jesse Gabriel, fue aprobado por ambas cámaras legislativas de California con apenas un voto en contra y tras un proceso de conciliación entre las versiones del Senado y la Asamblea.
La AB 1264 introduce lo que podría convertirse en la primera definición legal de UPF. Considera como tales a los productos con alto contenido de grasas saturadas, azúcares añadidos o sodio, o aquellos que contienen edulcorantes no nutritivos y al menos un ingrediente industrial como colorantes, saborizantes, emulsionantes, espesantes o estabilizadores. Quedan fuera de la definición los alimentos crudos, mínimamente procesados y la leche pasteurizada.
El Departamento de Salud Pública de California tendrá la tarea de identificar las subcategorías de “UPF preocupantes” que deberán desaparecer de los menús escolares para 2035. Entre los criterios a considerar se incluyen la evidencia científica sobre riesgos de cáncer, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, obesidad y daño reproductivo o del desarrollo, así como la posibilidad de que sean productos hiperpalatables y adictivos.
Organizaciones como Consumer Reports y el Environmental Working Group respaldaron la iniciativa. Según Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports, “los alimentos que se sirven en las escuelas deberían nutrir el cuerpo y el cerebro de los niños, pero los ultraprocesados hacen lo contrario”.
En los últimos años, California ha liderado reformas en seguridad alimentaria, desde la prohibición del colorante rojo 3 y otros químicos tóxicos hasta la eliminación de seis colorantes sintéticos en las escuelas. Este movimiento ya ha inspirado a 17 estados a presentar más de un centenar de proyectos de ley en 2025 para regular colorantes, aditivos, bebidas azucaradas y educación nutricional. Ocho de ellos han sido adoptados en cinco estados, lo que indica que el debate sobre los ultraprocesados apenas comienza a tomar fuerza a nivel nacional.
FUENTE: Assembly member Jesse Gabriel
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